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Aplican Decreto 4.040 a comercio por compra y venta ilegal de dinero

Más de 9 millones fueron decomisados en la tienda de ropa “La Clave”
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(Secretaría de Comunicación e Información).- Un duro golpe a la usura y a la especulación propinó la aplicación del decreto 4.040 al establecimiento comercial “La Clave”, ubicado en  la quinta avenida de San Felipe, por la compra y venta ilegal de dinero.

 

La medida fue ejecutada por la procuradora del estado Yaracuy, Wilmary Velázquez, quien preside la Comisión Estadal Contra la Usura y Comercio Ilegal de Dinero, creada por el gobernador Julio León.

 

Destacó que tras varias denuncias de personas afectadas se direccionó un operativo a fin de verificar el delito, indicando que el dueño del comerció “La Clave” aceptó que compraba  dinero efectivo con un incremento del 3 al 5 % y este era ofrecido a los clientes de la tienda con un porcentaje del 10 al 15 % a través de avances en efectivo. El propietario del local  fue puesto a la orden del Ministerio Público.

 

Asimismo,  la comisión que participó en el operativo evidenció un lote de medicamentos los cuales eran comprados por el propietario del comercio a la farmacia Siglo XXI, ubicada al lado de su negocio, revendiéndolos luego a precios exorbitantes, incurriendo así en otro delito. 

 

Los funcionarios encabezados por la Procuradora general del Estado decomisaron en el mencionado establecimiento  más de 9 millones de bolívares, dinero que pasará a un fondo del Servicio de Abastecimiento del Estado Yaracuy,  el mismo será direccionado a la compra de alimentos a precios justos que serán distribuidos de manera equitativa a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción a los habitantes de los 14 municipios.

 

Precisó que la mafia de compra y venta ilegal de dinero se ha convertido en una cadena en el estado Yaracuy; no obstante, desde la Comisión recién creada, trabajarán para que ésta sea arrasada de manera contundente.

 

Velásquez  aseguró que los delitos están tipificados en los artículos 58 y 59 de  la Ley de Precios Justos, que contemplan sanciones de prisión de cinco a ocho años, sin beneficio alguno.

 

La Procuradora hizo el llamado a los comerciantes a no incurrir en este tipo de delito,  toda vez que desde este momento se seguirán aplicando las medidas y sanciones pertinentes a fin de garantizar la estabilidad socioeconómica del pueblo yaracuyano.

 

SCI/Yolaice Vargas

 

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