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(Cortesía: AVN).- Más que a la obtención de ganancias económicas, el aumento indiscriminado de los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, por parte de empresarios inescrupulosos, responde a la estrategia política de limitar el acceso de las familias venezolanas a estos rubros para crear un clima de descontento y desestabilización.
Entre el 15 de diciembre de 2017 y el 03 de enero de 2018, el pueblo denunció el incremento desmedido en el precio de venta de una serie de productos.
Ante esta situación, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) emprendió una investigación que reveló que empresas y comercios incurrieron en prácticas de remarcaje, especialmente en productos de consumo masivo.
El precio de 6.015 alimentos, medicamentos y productos de higiene personal y del hogar, subió en un promedio de 157 %, sin ninguna justificación o alteración en su estructura de costos.
En algunos casos, el aumento llegó al 10.902 %, refiere el informe de la Sundde.
Por ejemplo, el precio de una lata de atún de 140 gramos pasó de 11.015 a 94.250 bolívares (Bs), lo que representa una variación de 756%; mientras que el de un envase de margarina de 500 gramos subió 223%, y se incrementó de 43.200 a 139.400 Bs.
Un elemento que llama la atención es el cambio abrupto en el precio de algunos subproductos de materias primas nacionales, como es el caso del cereal "crema de arroz " —que utiliza derivado de arroz paddy y además es procesado por monopolios nacionales— y cuya presentación de 900 gramos subió 320%, al pasar de Bs 23.500 a 198.000.
"Hay diferencias groseras, sobre todo en rubros de producción nacional a cuyos productores se les entregan materias primas. No hay costo de producción que justifique que el agua mineral haya subido más de 100% entre diciembre y enero", señaló el superintendente para los derechos socioeconómicos, William Contreras, en declaraciones recientes.
Revalorización de inventarios
Contreras explicó que las empresas no asumieron costos de reposición de inventarios, para justificar un cambio de precios entre mediados de diciembre de 2017 y principios de enero de 2018.
Sin embargo, el incremento apunta a la intención revalorizar inventarios, incluso en aquellos casos en donde las materias primas o insumos son parte del subsidio entregado por el Estado.
Al subir el valor de los inventarios de productos, las empresas pueden venderlos a un precio más alto en el menor tiempo posible y así obtener una mayor ganancia.
A esta práctica, se suma el acaparamiento masivo, particularmente de bienes no perecederos o que puedan almacenarse en frío durante largo tiempo, con el fin de limitar el acceso de los venezolanos a los alimentos y generar un clima de descontento para desestabilizar el país y propiciar el derrocamiento del Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
La Sundde denunció que varias empresas se han dado a la tarea de no marcar el precio de sus productos, tal y como lo ordena la Ley de Precios y Costos Justos, lo que facilita incremento desmedido y dificulta la determinación de las fechas de los inventarios para generar acaparamiento.
Ataque al ingreso de las familias
Frente a las acciones de protección del pueblo aplicadas por el Ejecutivo, la respuesta de los empresarios y comerciantes inescrupulosos ha sido inflar los precios.
Tanto el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, como el superintendente William Contreras denunciaron que la subida de precios entre diciembre de 2017 y enero de 2018, fue una estrategia política para intentar diluir el efecto positivo del aumento salarial de 40% que anunció el presidente Nicolás Maduro el 31 de diciembre.
Ante este hecho, la respuesta del Gobierno fue ordenar que los productos tengan el precio de venta correspondiente a diciembre de 2017, para frenar la especulación.
"Los precios que ustedes colocaron son precios criminales brutales y sin justificación. Es necesario que reflexionemos, porque el daño que ustedes hacen con estas medidas, es un daño que atenta contra la estabilidad y la paz, que afecta el derecho que tiene el pueblo al acceso a bienes y servicios", indicó el Aissami al informar esta decisión.
Los funcionarios de Gran Misión de Abastecimiento Soberano (Gmas) y Sundde han velado por el cumplimiento de esta medida, por lo que han realizado inspecciones a empresas procesadoras de alimentos y productos de higiene y primera necesidad.
También se han celebrado un conjunto de reuniones y mesas de trabajo con productores y supermercados para optimizar el acceso a insumos, materias primas y el funcionamiento de la cadena de inventarios. |
