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551 acusaciones por corrupción presentó la Fiscalía en cinco meses

Por estas actuaciones judiciales han sido detenidas 100 personas, entre las cuales se encuentran 76 funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre ellos 21 altos gerentes y dos exministros.
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(Cortesia de AVN).- La lucha contra la corrupción que ha emprendido el Ministerio Público (MP) en los sectores petrolero y cambiario desde agosto de 2017 ha permitido crear condiciones para reparar el daño patrimonial ocasionado a la nación venezolana, estimado en más de 15.000 millones de dólares solo por los casos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra y el manejo irregular de recursos a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

En la presentación del balance de gestión de 2017 ante la Asamblea Nacional Constituyente, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó que gracias a las actuaciones del MP se incrementó en 128% la incautación de bienes entre agosto y diciembre, vinculados con dichos casos.

Por estas actuaciones judiciales han sido detenidas 100 personas, entre las cuales se encuentran 76 funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre ellos 21 altos gerentes y dos exministros.

Al balance se suman 21 detenidos por el fraude importador con las divisas otorgadas por Cadivi y Cencoex. Por estos delitos, además, se ocuparon 25 empresas que defraudaron al fisco nacional.

Por las indagaciones adelantadas se descubrió el funcionamiento de una organización criminal de carácter internacional que era operada por el expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo Rafael Ramírez, quien, junto a su primo hermano Diego Salazar Carreño, realizó contratos falsos y sobrefacturación contra instituciones públicas como Pdvsa para el blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra, que solo entre 2011 y 2012 movilizó 1.348 millones de euros.

A la cifra de detenidos se suma la emisión de 62 órdenes de aprehensión. De esa cifra, 19 corresponden a casos de corrupción en Pdvsa y 21 al fraude importador, reveló el fiscal, al tiempo que precisó que desde agosto pasado se han realizado 551 acusaciones por hechos de corrupción.

Acciones en la Faja

En el daño patrimonial a la nación estimado en más de 15.000 millones de dólares no están incluidos los contratos con sobreprecio otorgados en la Faja Petrolífera del Orinoco en el periodo 2011-2016, precisó el fiscal general.

En este lapso se firmó un total de 42.000 contratos en moneda extranjera, de los cuales la Fiscalía ha investigado 12 entregados a 10 empresas, y ha encontrado sobreprecios de entre 230% y 10.000%. Estos no fueron ejecutados, apuntó.

Saab instó a los implicados en esta trama de corrupción a "que den la cara ante el país y no diga ninguno de ellos que son perseguidos políticos. Aquí no hay perseguidos políticos de la corrupción. Son hampones que propiciaron el desfalco del país".

Por las actuaciones del MP en torno a la Faja , se han librado 11 órdenes de detención contra gerentes de Petropiar y empresarios. Cuatro gerentes de Petropiar han sido detenidos por otorgamiento de contratos de bienes y servicios con sobreprecio.

La recuperación del patrimonio

Tras avanzar penalmente en las tramas descubiertas, el MP emprenderá acciones para recuperar el patrimonio de la nación sustraído a través de estos delitos.

Ello incluye, por ejemplo, la solicitud de alerta roja para involucrados en los referidos delitos que estén fuera del país, como ocurre con Nervis Villabolos, vinculado con el blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra.

Villalobos fue detenido en España, país que aprobó extraditarlo a Estados Unidos. Sin embargo, lo lógico en este caso "es que vengan aquí donde hicieron el daño patrimonial", dijo Saab.

En territorio venezolano, están previstas demandas civiles para recuperar en el país el 100% de lo que se le ha arrebatado. En este sentido, el MP ha ocupado 25 empresas, entre ellas centrales azucareras.

Con ello, recalcó Saab, es la primera vez en la historia que el Estado sanciona a agentes privados vinculados con corrupción.

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